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viernes, 5 de febrero de 2010

Tuenti se enfrenta a Facebook por competencia desleal al eludir las leyes europeas

“Facebook no instala una sede administrativa en España para así hacer con los datos de los españoles lo que les salga de la peineta” afirmó la abogada Paloma Llaneza en las jornadas La Ley e Internet, celebradas en el Colegio de Abogados de Madrid.

La gestión de los datos de carácter personal y el cumplimiento con el reglamento europeo de protección de datos supone un coste humano y tecnológico que se debe hacer en coordinación con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Pero la red social online Facebook trabaja desde su sede principal en EEUU, y las leyes de otros países no le afectan. Tomar medidas judiciales contra una empresa que está tan lejos supondría elevados costes para la administración y más para un/a particular.

Facebook estrenó sede comercial en España hace unas pocas semanas pero, según no tienen intención de trasladar ningún tipo de equipo humano o administración que los obligue a cumplir con las leyes españolas y europeas.

La red social española Tuenti pide honestidad a Facebook, porque aunque estén en Mountain View, están haciendo negocio con usuarios españoles.

Así, mientras Tuenti invierte esfuerzos en una de sus asignaturas más complicadas (los menores de 14 años), Facebook nada dice sobre este asunto. Así, los niños españoles acceden a Facebook sin problema.

Otro de los puntos de fricción entre Facebook y la normativa europea, está en la configuración por omisión de las cuentas. La normativa obliga a establecer una privacidad máxima desde el principio, para que sea el usuario o usuaria quien decida después si quiere que su perfil sea público y fácilmente accesible. Sin embargo, Facebook establece todos los perfiles como públicos, y son los usuarios los que deben a posteriori configurar su privacidad.

Para Llaneza la solución es simple: “que se corte el acceso a todos los webs que se gestionen desde fuera de nuestras fronteras hasta que cumplan con el reglamento y las normas jurídicas vigentes en la Unión Europea”.

Fuente: El Confidencial